Al César lo que es de él

nic-col

Por Edgard E. Murillo.

Érase una vez una poderosa empresa llamada Gulf Oil Company, rival de la Exxon de la familia Rockefeller, que había comprado los derechos de concesión de explotación petrolera a Colombia en el Caribe nicaragüense.

La Gulf Oil Company era propiedad de los candorosos hermanos Andrew y Richard Mellon, quienes para los años veinte del siglo pasado amasaban una fortuna de 13 mil millones de dólares esparcida en bancos, empresas metalúrgicas y refinerías, entre otras bagatelas. Cuando los Mellon compraron los derechos de la concesión, ésta estaba a punto de ser declarada caduca por parte del presidente colombiano Pedro Nel Ospina. Pero eso no puso nervioso a los magnates. No había por qué. En 1921 el presidente Harding de los EE.UU había nombrado ministro del tesoro nada más y nada menos que a míster Andrew Mellon. Entonces el asunto de la extracción petrolera quedó, digamos, en el sobaco de la confianza.

El 2 de febrero de 1926 el gobierno colombiano declaró caduco la concesión Barco (así se llamaba) por incumplimiento de las cláusulas de parte del concesionario original. Entonces míster Mellon comenzó a ejercer sus influencias en el Departamento de Estado para seguir con el negocio del crudo.

En menos de lo que canta un gallo el embajador de los EE.UU en Bogotá, Samuel Piles, manifestó que la actitud de Colombia era “contraria a las prácticas usuales entre naciones amigas” hasta conseguir del Departamento de Comercio la emisión de la Circular Especial 305 que alertaba a los banqueros norteamericanos del “riesgo” de invertir en Colombia, logrando de esta manera el apoyo de importantes banqueros en sus intentos de revocar la caducidad de la concesión. Por su parte, Colombia había quedado muy resentida con los EE.UU después que estos habían promovido la separación de Panamá para negociar la construcción de un canal interoceánico, que en efecto realizaron, por lo que la actitud de los dueños del dólar no agradó para nada a los sudamericanos.

Ahora viene lo bonito. Andrew Mellon y los ejecutivos norteamericanos, para que el gobierno de Ospina accediera a extender la concesión, hicieron una movida que tendría repercusiones en nuestra soberanía hasta el día de hoy. Le sugirieron a Colombia que suscribiese un tratado con Nicaragua por el cual nuestro país le otorgaría la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia a cambio de que Colombia “renunciara” a los derechos esgrimidos sobre la Mosquitia y Corn Island en virtud de una oscura Orden Real de 1803 (La franja de la Mosquitia era administrada por el Virreinato de Nueva Granada). Para esas fechas Nicaragua estaba intervenida militarmente por los EE.UU y desde la expulsión del presidente Zelaya existía en nuestro país una especie de “Protectorado”; de ahí que no fue nada difícil convencer al presidente Adolfo Díaz para que aceptara los términos del tratado propuesto por los gringos. Algunos ministros se opusieron pero al final el tratado fue suscrito el 28 de marzo de 1928 por el canciller colombiano Manuel Esguerra y el ministro en funciones Bárcenas Meneses. Entrecomillas mencionamos que el canciller Carlos Cuadra Pasos rehusó firmar el tratado, quizás por vergüenza, excusándose que ese día estaría en la Conferencia de La Habana.

Aparte que cuando se firmó el tratado existían vicios que acarreaban nulidad por falta de consentimiento (había una intervención extranjera), el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra fue y sigue siendo inconstitucional porque cuando fue suscrito y ratificado estaba vigente en Nicaragua la Constitución de 1911 la cual establecía que cualquier tratado que implicara la cesión de territorios o que atentara contra la soberanía era totalmente nulo de toda nulidad, en tal sentido el tratado de marras tuvo que haber sido denunciado de nulo por los gobiernos posteriores a 1928, sin embargo no fue hasta 1980 que la Junta de Gobierno en pleno declaró la invalidez y nulidad del mismo.

Cuento este cuento que no es cuento porque Colombia se está haciendo el gato bravo al pretender desconocer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de noviembre de 2012, dizque porque la misma no debió entrar a conocer los límites marítimos entre ambos países.

Olvida Colombia que cuando se suscribió el tratado, hace 84 años, no existían los criterios modernos de Derecho del Mar (mar territorial, plataforma continental y zona económica contigua) que evidentemente favorecen a Nicaragua. Eso fue lo que precisamente tomó en cuenta el tribunal internacional de La Haya en el fallo emitido el 19 de noviembre de 2012.

Lo más reciente de la historia, ya lo conocemos: Nicaragua demandó a Colombia nuevamente en 2013, esta vez por la violación a las zonas marítimas delimitadas en la sentencia del año anterior. Colombia opuso cinco excepciones preliminares para desembarazarse de la demanda, pero todas fueron rechazadas por el Tribunal el 17 de marzo de este año, lo que significa que el juicio continuará su curso.

Colombia, que había esgrimido las leyes para fundar sus “derechos” sobre la plataforma continental de Nicaragua y que evocaba el nauseabundo tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, ha manifestado que no seguirá compareciendo ante la Corte para dirimir el litigio porque prefiere los acuerdos bilaterales.

Nosotros le decimos a Colombia: No señores, muchas gracias, de acuerdos (ignominiosos todos) ya hemos tenido suficientes.

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(Los jueces de La Haya rechazando los recursos de Colombia y declarándose competentes para conocer la demanda de Nicaragua)

 

 

 

 

 

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